Families are the central nucleus of society; however, they face internal challenges that affect their functioning and stability, often manifesting in incidents of domestic and gender-based violence. The World Health Organization has classified this violence as a severe public health problem and a violation of human rights. To address this issue, the Congress of the Republic of Colombia enacted Law 2126 of 2021, introducing significant changes to the responsibilities of authorities in preventing, restoring, protecting, and repairing the rights of victims. This law provided a three-year implementation period for territorial entities, which concluded on 4 August 2023. In 2023, 119,483 cases were reported, and by June 2024, the number had reached 63,528—the highest recorded to date. This situation continued to escalate uncontrollably throughout 2024, overwhelming functional capacity and resulting in a crisis. Therefore, the objective of this study is to analyze the guarantee of rights for victims of violence in the family context, within the competencies of Family Commissariats, as outlined in Law 2126 of 2021. The methodology focuses on analyzing academic and scientific databases, including studies and articles published in indexed journals, to evaluate government measures and describe the challenges in service provision by Family Commissariats to propose conclusions. The approach is qualitative, with a hermeneutic, documentary, legal-dogmatic orientation and anthropological contributions. The results reveal that the law’s implementation has been gradual, surpassing the established deadline. Administrative, political, and financial factors identified over the three years remain unresolved in 2024. The situation for victims of physical, psychological, economic, and sexual violence within the family context has worsened due to multicausal obstacles to accessing justice in a timely, efficient, and effective manner. Consequently, there is evidence of an exponential increase in violence, underreporting, impunity, setbacks, procedural delays, normalization of violence, and re-victimization, among other issues.

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